Aguas bravas, la revolución catalana ha entrado en zona de rápidos.

Los dieciocho meses de la anunciada hoja de ruta transcurrieron más o menos según lo previsto en medio de la indiferencia, la incomprensión y el desdén de las autoridades centrales y sus oposiciones. La prometida transición de la autonomía a la pre-independencia culminó cuando el pasado 27 de octubre, el Parlament votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en el referéndum del 1/10. Éxito rotundo.

Precisamente ese éxito provocó la abrupta respuesta del gobierno de activar el 155 y entrar a saco en el autogobierno de Cataluña, convocando al mismo tiempo elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El 155 es, en realidad, una ley de plenos poderes puesto que el único limite es el control del Senado, en donde el partido de la Gürtel tiene mayoría absoluta. Es una dictadura sin más, amparada en un artículo de la Constitución para cargarse la Constitución, para suspenderla sin decirlo, para hacer normal el estado de excepción. El empleo de la coerción es máximo, teniendo en cuenta que el bloque independentista mantiene su actitud radicalmente pacífica.

Fastidia mucho pero debe recordarse que, en todos estos años, la violencia en Cataluña solo ha venido de fuera, con las fuerzas de seguridad y militares de la Guardia Civil y las bandas de nazis, sembrando el terror por donde pasan.

Ese espíritu de resistencia pacífica es el que va a encontrar la administración colonial que pretende gobernar Cataluña como gobierna el conjunto de España. Descabezado el movimiento, con unos dirigentes en la cárcel y otros que se han salvado por los pelos pero están en el exilio, el cálculo de la autoridad ocupante es que esa resistencia se mostrará los primeros días y, luego, irá amainando hasta apagarse por entero.

Efectivamente, es una posibilidad. Pero una que choca con dos hechos: uno pasado y otro presente. El pasado es el referéndum del 1/10, los tres millones de votantes, los dos millones doscientos mil votos con un 90% de síes, los más de mil heridos. Es un hecho que supone un legado y un compromiso ahora. Porque el independentismo es un proceso vivo, no un plan de laboratorio y se siente moralmente obligado a continuar una tarea que viene de atrás. El presente es la realidad de una sociedad muy movilizada y organizada en redes con un gran dominio del universo internet. Una estructura, una organización distribuida, no necesitada de grandes jerarquías, capaz de actuar con rapidez y que solo necesita comunicación con sus líderes, cosa imposible de impedir en nuestra era.

Y esa es la cuestión. ¿En dónde deben estar los líderes? Sin duda hasta cuando están en la cárcel, como los dos Jordis, mantienen un grado alto (aunque mermado) de visibilidad y capacidad de orientación como símbolos. Pero serán más útiles a los fines colectivos manteniendo plena capacidad operativa, esquivando la prisión y constituyéndose en el exilio. Aquí interviene la habitual mala fe del debate político, cuando muchos críticos entienden el paso de Puigdemont a Bruselas, como una huida, una cobardía, un dejar en la estacada a sus seguidores. La política es así: si, además de criticar al enemigo se puede desmoralizarlo, seguro que se hace.

Sin embargo, la marcha al exilio de Puigdemont tiene más interpretaciones. En primer lugar, mayor internacionalización del conflicto, más debate, más escándalo, más atención internacional sobre la situación en Cataluña, cosa que odian el gobierno y su auxiliar, el PSOE. Con ello, además, mantenimiento de la legitimidad de la República Catalana en el exterior con la expectativa de que haya reconocimientos. En segundo lugar, conservación del liderazgo del independentismo. La cabeza está en el exilio; pero está y en fluida comunicación con las redes del movimiento. Las acibaradas dudas sobre si Puigdemont huye o se mantiene en su puesto chocan con una experiencia: desde el comienzo de la hoja de ruta no ha fallado nunca. El exilio y el reino. La República frente a la Monarquía.

El asunto entrará en los intríngulis judiciales, unas corridas que no serán tan prolongadas como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto pero tampoco tan rápidos como las prohibiciones que ese mismo tribunal llueve sobre Cataluña prácticamente a diario. Tanto que hay quien lo llama TCpC, Tribunal Constitucional para Cataluña.

La ocupación del Principado tiene como objeto organizar las elecciones del 21D. El independentismo se inclina por participar. La ANC ya lo pide claramente. Esta previsión de elecciones ipso facto tiene pinta de ser una exigencia exterior. La vicepresidenta calculaba un plazo de seis meses 155 en ristre y quizá más. En dos meses hay una alta probabilidad de que el resultado sea una mayoría independentista. En todo caso, pues Europa está atenta, el partido de la Gürtel no podrá hacer las habituales trampas o, al menos, no tan descaradas. Y, por su formidable inteligencia se encuentra, al organizar estas elecciones con que, en realidad, está organizando el referéndum que quería evitar a toda costa.

Porque, es obvio, no pueden hacerse trampas. No cabe ilegalizar las opciones independentistas, ni excluir de las candidaturas a los represaliados. Puede ser un voto masivo independentista para sacar a los Jordis de la prisión y devolver su cargo a los miembros del Govern.

“¡Ah!”- afirma el vicepresidente del Senado, – “si vuelven a ganar los indepes, volvemos a aplicar el 155”. Bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos será el Senado. Eso ya sería la reválida de la dictadura.

Publicado por Ramón Cotarelo

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