Revolución catalana. Acto III: El exilio y el reino

A veces me tachan de hiperbólico por hablar de Revolución catalana. No será para tanto. Pero sí, bien se ve, para la rebelión. Grandes palabras. Aquí se avecina la habitual polémica jurídica sobre la tipificación del delito presunto. ¡Falta el inexcusable requisito de la violencia! se indignan algunos. Eso ya lo ha pensado este fiscal que está en todo, incluido el mundo de la fición novelesca. El asunto depende, razona el jurista, de lo que se entienda por violencia y, para ello, nada mejor que proporcionar una medida objetiva: la votación del referéndum (ese que no existió, según doctrina de su jefe) fue en realidad, un “levantamiento violento”. El mismo fabulador ya había dado muestras de su encendida prosa en su requisitoria para procesar a los dos Jordis ante el TSJC, calificando las multitudes o muchedumbres causantes de los supuestos ilícitos de turbas. No le salió en el TSJC que, al parecer, no apreció delito en las turbas y su señoría llevó los papeles a la Audiencia Nacional, dándose la feliz circunstancia de que estaba de guardia la jueza Lamela quien entendió enseguida la perversidad de las turbas y encerró sin mayores miramientos a los dos Jordis.

No hubiera sido preciso hilar tan fino (si tal puede decirse) con las turbas. La jueza Lamela ya dio en su escrito justificando la prisión preventiva sin fianza prueba de una fecunda imaginación para encajar tipos delictivos a su buen criterio. De forma que, oh nueva dicha y felicidad, Lamela vuelve a estar de guardia cuando el fiscal presenta la querella por rebelión contra Puigdemont. Suena, ¿verdad? “Puigdemón a prisión” gritan los manifestantes y coreaban hace poco unos funcionarios del Tribunal Supremo, en evidente muestra del clima de imparcialidad de todos los estamentos de la justicia.

Fulminante, la jueza, cita a declarar al MHP y sus colaboradores mañana y ya les ha preparado fianzas de seis millones de euros. Como es altamente previsible que no comparecerán, habrá de librarse una orden europea de detención que iniciará un largo proceso de actos administrativos, judiciales, recursos, alegaciones, contrarrecursos, apelaciones.

A lo largo de él habrá tiempo para acumular pruebas más que de sobra para demostrar que no hay ninguna posibilidad de garantizar un juicio justo a Puigdemont. No es muy trabajoso. Basta recordar que España ocupa el lugar vigésimo segundo de los 28 Estados de la UE y el septuagésimo segundo de los 148 analizados en el Foro Económico Mundial en punto a independencia judicial y es probable que hasta el ministro Català entienda que alguna relación hay entre las garantías de juicio justo y la independencia judicial. Cuando se tienen estas calificaciones es muy difícil convencer a nadie (salvo quizá a los croatas o a los iraníes, que aun están peor) de que en España cabe garantizar un juicio justo a nadie. Con mayor razón a Puigdemont, cuya peripecia jurídica resume nuestro fiscal literato como “Más dura será la caída”. Es decir, el hombre llevaba tiempo pensando en su desquite.

Pero se va a quedar con las ganas y es de temer que la jueza Lamela también. Deberán conformarse con administrar su justicia en tonos menores, procesando aquí a allá a quien puedan y desmantelando organismos e instituciones de la Generalitat. En esto, Rajoy ha entrado como el ejército imperial en Roma en 1527, a saco. Parece poseído de un frenesí destructivo: ha suprimido el Consejo Nacional para la Transición (quizá en un acto fallido) y todos los institutos y órganos del autogobierno, con especial saña el llamado Diplocat.

Y no iba a suspender la autonomía de Cataluña, no. La ha aniquilado. Para nada. Porque es imposible que la virreina y el consejo del virreinato puedan hacer algo con una administración animada de un espíritu de resistencia pasiva y desobediencia no violenta en todos los niveles, desde el autonómico al municipal.

No hace falta remontarse al Duque de Alba. Basta señalar los tres ejes que definen el momento español como una remake del franquismo: tenemos cientos de miles de emigrantes ganándose la vida como pueden, tenemos presos políticos y un gobierno en el exilio. Lo suficiente para convencer a cualquier autoridad belga, administrativa o judicial, unipersonal o colectiva. No hay garantías de un juicio justo para Puigdemont porque esta sigue siendo la España de Franco.

Ese periodo de pugna jurídica irá paralelo a los preparativos para las elecciones del 21D, convocadas, obviamente, por presión europea y a regañadientes del gobierno. Las elecciones dilucidarán la pugna judicial: si los indepes las ganan, Puigdemont regresará a España como presidente del govern; si las pierden, como presunto delincuente. La sociedad catalana, el electorado catalán está forzado a una decisión entre salvar a su presidente o dejarlo a merced de unos vencedores que de sobra han demostrado no tener ninguna. El voto se volcará a favor del Presidente. Es de prever una mayoría independentista superior a la de diciembre de 2015.

Frente a ella, la derecha afila dos guadañas. Una es la grosera: se aplica de nuevo el 155 y se vuelve a aplicar hasta que los catalanes voten como Santiago y cierra España manda. La otra es la refinada: se recuerda que unos resultados electorales no pueden eximir de responsabilidades penales y, por tanto Puigdemont deberá ser procesado aun habiendo sido elegido.

La inopinada finta de Puigdemont ha internacionalizado de golpe el conflicto y lo ha situado en el corazón de Europa que ahora seguirá el desarrollo de las elecciones con suma atención. Al igual que lo hará con el trato que reciba durante la campaña electoral una población muy activa y muy movilizada en materia de derechos y libertades.

Querían unas elecciones autonómicas y se han encontrado con el referéndum que se negaron a aceptar de principio y por principio y, encima, bajo los focos de la atención mundial.

Si ganan los independentistas, Cataluña habrá consolidado su República. ¿Es o no una revolución? Y los reconocimientos exteriores empezarán a llegar.

Ramón Cotarelo

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