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Indultos y amenazas, la inseguridad jurídica en que está hundiéndose el Estado español

Ayer hubo una interesante controversia; y muy significativa para entender la pendiente de inseguridad jurídica en que está hundiéndose el Estado español. En su espíritu de bonhomía reconciliadora, Iceta sugirió que, llegado el momento, como gesto de buena voluntad, se indulte a los “secesionistas”, incluso, aunque hayan cometido algún delito. De inmediato hubo una reacción oficial del PSOE desmarcándose de esta petición, al sostener que era “una idea” del socialista catalán. Lógica, teniendo en cuenta que el PSOE es más partidario del artículo 155 con todas sus consecuencias que el mismo PP.

Pero, a lo largo del día, los socialistas debieron de ver la ventaja de la propuesta de indulto y cambiaron su negativa inicial por una aprobación. Y ¿en qué consistía la ventaja que, seguramente Iceta les hizo ver? En que, sentando plaza de conciliador, reparador, moderado, su petición es perfectamente inútil y es probable que lo sepa.

En primer lugar, el indulto es competencia exclusiva del gobierno central y lo firma el Rey. No es competencia de la Generalitat. Iceta puede solicitar el indulto, pero no concederlo.

En segundo lugar, y ello es más grave, el indulto presupone que se haya cometido algún delito y que el culpable haya sido juzgado y condenado. Mientras esto no se dé, no cabe indulto alguno. El indulto procede solo al delincuente cumpliendo condena. Pero ello requiere que el posible indultado reconozca haber cometido el delito y, si yo no entiendo mal la doctrina de los independentistas, estos no reconocen haber cometido delito alguno. Con el señuelo de un indulto imposible, Iceta trata de conseguir de los independentistas el abandono de sus reivindicaciones. Es más o menos, lo mismo que tratan de conseguir los jueces forzando el acatamiento de la Constitución de los presuntos rebeldes y que tanto acerca la justicia española a un proceso inquisitorial.

La solicitud de indulto es más ladina que la del acatamiento para librarse de la prisión. Pero no más eficaz. No veo a la mayoría de los independentistas -que se han pasado meses afirmando no estar sometidos a la jurisdicción española- reconociendo haber delinquido según una legalidad que consideran opresora. Esto será más o menos realista pero es una posición argumentada.

Las indeterminaciones del indulto y su significado político apuntan en la dirección señalada de la creciente inseguridad jurídica de los justiciables españoles bajo la égida del 155 que, según Rajoy, “no tiene fecha de caducidad”. Una ley de plenos poderes ilimitada en el tiempo y en el espacio. Y lo llaman Estado democrático de derecho. El primero, Iceta.

Esa inseguridad se expande a velocidad de vértigo en las redes con las amenazas de todo tipo que las autoridades solo sancionan si proceden (y son las menos) de la izquierda, pero olvidan perseguir cuando proceden de la derecha, incluso cuando lo hacen desde cuentas oficiales o chats de las fuerzas de orden público. Catorce años han tenido que pasar para que se vea condenado un delito de amenazas e injurias a Pilar Manjón a la que le han llegado a miles. Ayer también, Bea Talegón recibió unas odiosas amenazas que debieran haberse investigado y sancionado ipso facto y no dejarse para dentro de otros catorce años. Eso es lo que hace un Estado de derecho, que protege los de todos los ciudadanos, sin distinción de color político. La catarata de muestras de solidaridad con Bea, de apoyo a su persona, están muy bien y son de agradecer. Incluso las de Rajoy y Zoido. Pero estos, además de solidarizarse, tienen que poner a los responsables a disposición de la justicia.

Sí, en efecto, las innumerables muestras de simpatía hacia Bea son encomiables, pero no pueden ocultar que contienen un fondo de hipocresía. Entre las gentes públicas y colegas de la amenazada que expresaban su desolación, los hay que son responsables de fomentar un clima de enfrentamiento y crispación que dispara a los elementos más alucinados. E incluso que, en sus ratos libres, también amenazan : ¿o no hay un comunicador que anunció su ánimo de disparar a los de Podemos a la sola condición de tener una pistola en la mano?

Y ello por no mencionar los casos en que los responsables de agresiones están directa o indirectamente relacionados con las autoridades o tienen vínculos de parentesco con ellas, como es el caso de los asaltantes de la librería Blanquerna.

Ramón Cotarelo

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